Después de poco más de dos meses de plantón cerca de la Secretaría de Gobernación (justo hasta donde les permitieron llegar las gigantescas vallas metálicas de la policía, que recuerdan los campos de exterminio nazis), y de aguantar a pie firme la feroz campaña de los medios informativos, mezcla confusa pero malintencionada de discriminación, racismo, mentiras, tergiversaciones e imputaciones criminales con su respectiva amenaza de cárcel, los antorchistas lograron finalmente que la dependencia se ocupara de ellos.
Como se recordará, la protesta era (y es) por el injusto e ilegal encarcelamiento de 14 campesinos de La Piedad, municipio de El Marqués, Querétaro, “culpables” de defender la propiedad de un pozo que surte de agua a su comunidad. Se pedía (y se pide), además, la suspensión de otras órdenes de aprehensión que, sumadas a las ya ejecutadas, hacen un total de 33 incriminados por la “justicia” de Querétaro. Destacan en esto el profesor Jerónimo Gurrola Grave, cabeza del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, y la Lic. Guadalupe Yesenia Valdez, abogada de la comunidad y de los 14 detenidos.
La persona encargada por Gobernación para negociar es el Lic. Emeterio Carlón, auxiliado del Lic. Luis Carlos Miggliavaca, experto de muchos años en capotear movimientos de protesta popular. En honor a la verdad, hay que decir que Carlón dio una agradable sorpresa: a diferencia de los panistas típicos, todos ellos altaneros, groseros, impenetrables a los argumentos ajenos y siempre amenazantes, se presentó un negociador amable, cortés, atento al alegato de la contraparte y dispuesto a conceder en lo que le parecía justificado.
Las negociaciones, por eso, avanzaron rápido y por buen camino. Los antorchistas, encabezados por Omar Carreón y Homero Aguirre, ambos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de entrada advirtieron que no aceptarían ningún compromiso con el gobierno de Querétaro, en virtud de que la experiencia les ha enseñado que allí no hay un adarme de sensibilidad política ni menos de respeto a la palabra empeñada; que su petición de principio era que Gobernación Federal, en uso de las facultades que la ley le otorga para mantener la paz interior del país y garantizar el Estado de Derecho, actuara en la coyuntura con claro carácter resolutivo. Emeterio Carlón fue enfático en su respuesta: entendía la petición y asumía plenamente el compromiso de resolver el conflicto.
Sobre esta base se tomaron los siguientes acuerdos: los antorchistas levantarían su plantón al día siguiente y se abstendrían de hacer declaraciones triunfalistas; gobernación, por su parte, se comprometía a suspender las órdenes de aprehensión pendientes y, con auxilio de sus abogados, a garantizar que el juez de segunda instancia revocara el auto de formal prisión y, en consecuencia, se liberara a los 14 detenidos, a más tardar el día 22 de diciembre. En un gesto inesperado, el Lic. Carlón, motu proprio, pidió que la abogada Yesenia Valdés y el profesor Gurrola Grave se reintegraran de inmediato a su vida normal, garantizando él que su libertad sería respetada. Los antorchistas cumplieron puntualmente su parte; pero el primer síntoma de que algo andaba mal en la otra parte fue que, al acudir a una cita previamente programada con el alcalde de Amealco, el día 17 de diciembre, el profesor Gurrola fue detenido por la Judicial del estado. Se buscó la intervención de Carlón y el detenido fue liberado dos horas después; pero, en compensación, solicitó una nueva entrevista. En ella, Carlón pidió, “en señal de buena voluntad”, que los estudiantes de la FNERRR levantaran el plantón que sostienen desde hace cuatro años y medio frente a Palacio de Gobierno en Querétaro, lo cual se salía claramente del marco pactado con anterioridad. Para abreviar, diré que Carreón, aunque no estaba obligado a ello, facilitó el encuentro entre los líderes estudiantiles y el Lic. Carlón, y que éste se comprometió a “resolver” sus demandas y aquellos a suspender su protesta. Parecía que todo se reencauzaba favorablemente.
Pero el domingo 21 de diciembre, por la tarde, fue detenida la licenciada Yesenia Valdez. Cuando Omar Carreón pidió otra vez la intervención de Carlón, éste le contestó, sin inmutarse, que la condición era que Antorcha retirara de Querétaro a los dos líderes cuya libertad había él garantizado. Ahora bien, para entender el sentido perverso de la maniobra, es necesario reparar en dos cosas: primera, la detención de la Lic. Yesenia se da justo en la víspera del vencimiento del plazo para liberar a los detenidos; segunda, en vez de negociar la nueva condición, como se hizo con los estudiantes, ahora se optó por poner a los negociadores antorchistas ante un hecho consumado. Se trata de una agresión fríamente calculada, de un claro acto de intimidación para: a) desconocer el acuerdo de liberación de los detenidos; b) desconocer el compromiso de suspensión del resto de las órdenes de aprehensión; c) desconocer el compromiso con los jóvenes estudiantes; d) obligar a Antorcha a abandonar incondicionalmente el estado, o cárcel para sus dirigentes. Ahora está claro que la suavidad negociadora de Emeterio Carlón fue una emboscada política, un cebo para irnos empujando a hacer concesiones voluntarias y, una vez despejado suficientemente el camino, dar el “golpe final” con una medida de fuerza.
No hay remedio, pues. No queda más que reiniciar la lucha con todas las consecuencias que son de prever. Volveremos al plantón donde nos dejen colocarlo, y volveremos a soportar la lluvia de insultos y amenazas de los heroicos defensores del libre tránsito de automóviles, o de la libertad de comercio de los vecinos ricos, pero no de la libertad de unos cuantos campesinos muertos de hambre que a nadie importan. Y no es que no nos duelan ni nos preocupen los ataques; es, simplemente, que no nos queda otra salida, y es, además, que cada día entendemos mejor que defender a los pobres tiene un costo ineludible que hay que pagar. Y si no, que lo diga la presa política Yesenia Valdez.