México, DF. 30 de enero de 2009 (Quadratín).- Según los medios de información, tan sólo el año pasado hubo algo así como tres mil quinientas manifestaciones en el D.F., mismas que involucraron a diez millones de ciudadanos, es decir, al 10% de la población total del país. La consecuencia, subrayan, fue un constante caos vial con el consiguiente grave daño a la vida normal de la ciudadanía ajena a los conflictos. Todo esto, más el perjuicio a los negocios ubicados en las calles por donde pasan los manifestantes, da sustento al clamor mediático, casi unánime, de poner un alto ¡pero ya! a las marchas y los plantones y, si fuere necesario, cárcel y multa a los organizadores. Por otro lado, entrevistas como la concedida por el subsecretario de Gobernación Abraham González al influyente conductor de noticiarios Oscar Mario Beteta (de la que hablé la semana pasada), prueban la plena coincidencia entre los medios informativos e importantes funcionarios del gobierno del Presidente Felipe Calderón, en su rechazo y abierta condena a las protestas populares. Y esto sí que preocupa porque, si los señores del micrófono, con todo su poder, no pueden poner en práctica sus opiniones directamente, los funcionarios sí que pueden actuar sin tener que pedir permiso a nadie. Por eso vuelvo al tema.
Con el debido respeto, afirmo que hay, en la postura de periodistas y funcionarios, un doble error. Primero, de confusión en torno al concepto de “causa”; segundo, de superficialidad y simplificación en el análisis de los fenómenos sociales en general, y de las protestas populares en particular. Me explico. En la educación elemental se enseña que la palabra “causa” fue tomada en préstamo por la filosofía, del mundo de la jurisprudencia, en donde, ciertamente, tenía el significado de “acusación” y, por tanto, cuando se demostraba, era sinónimo de culpa. Pero que, con el desarrollo de las ciencias en general, perdió esa connotación para convertirse en la base de la ley fundamental del conocimiento verdadero: la ley de la causalidad, según la cual, en el mundo material (y la sociedad humana forma parte de él) nada ocurre sin una causa que lo produzca y lo explique. También se enseña que causa y efecto no están petrificados para siempre en esa función, sino que lo que aquí y ahora es causa, mañana y en otro lugar se torna efecto y, recíprocamente. Esto implica que una causa tiene a su vez causa, y que esta segunda causa es efecto de una tercera, y así hasta el infinito o hasta que el pensamiento racional diga que se ha alcanzado la profundidad necesaria en el análisis. Vuelvo al tema. Quienes acusan y sentencian a los peores castigos a quienes protestan en las calles, por considerarlos “culpables” de los daños y molestias que sufren los ciudadanos, confunden “causa” con “culpa”. Su razonamiento es el siguiente: si son la causa evidente del caos vehicular y problemas derivados del mismo, entonces tampoco hay duda de que son culpables (en sentido jurídico) y deben pagar por ello. Algo así como si dijésemos que puesto que el viento, al alcanzar altas velocidades, es la causa de los daños de un ciclón, debiéramos llevarlo ante un tribunal para que responda por sus fechorías.
Pero hay, también, superficialidad y simplismo. Aquí el sofisma es: Si está clara “la” causa del caos vehicular, no hay por qué andar buscando ninguna otra. Los culpables están a la vista. Pero se equivocan, señores funcionarios y señores de los medios. Las marchas y plantones son la causa inmediata, pero no la única ni la de mayor responsabilidad en los trastornos que ocasionan. En ello tiene que ver, y mucho, la descomposición de todo el aparato de gobierno, descomposición que se manifiesta en el hecho innegable de que prácticamente ya nada se consigue apegándose estrictamente a la normatividad de sus instituciones. Según el licenciado Abraham González, de tres mil marchas que se hicieron el año pasado, ninguna consiguió su objetivo. Muy bien. Pero sería bueno saber, en contrapartida, cuántos problemas se resolvieron por la vía institucional, por la pura gestión de los interesados, sobre todo de aquellos que no cuentan más que con su derecho escrito para hacerse oír de los poderosos. Y la descomposición del aparato de gobierno tampoco es la causa última; es sólo el reflejo de la descomposición de todo el cuerpo social del cual surge y al que representa y sirve. La injusta distribución de la riqueza y las terribles desigualdades e injusticias que genera, obligan a todo servidor público a poner oídos sordos a los reclamos populares, ante la falta de recursos para resolverlos adecuadamente. Así pues, marchas y plantones, o Antorcha Campesina si se quiere, es la “causa” de los trastornos pero no la “culpable”. Los culpables son, sin ninguna duda, el aparato de poder del país que ya no cumple su función, y la injusticia social que lo alimenta.
Los presos políticos de Querétaro siguen en la cárcel al momento de escribir estas líneas. La probabilidad de volver a plantarnos, por tanto, es alta y es mejor no ocultarla. Por eso nos preocupan embestidas como las de Oscar Mario Beteta y declaraciones amenazantes como las del subsecretario Abraham González; y por eso vuelvo a exponer el tema lo mejor que puedo: para que los mexicanos nobles, inteligentes y bien nacidos nos entiendan y apoyen nuestra lucha, en vez de condenarnos por pobres y malolientes, como hacen los perfumados.