Oaxaca, Oax. 3 de abril de 2009 (Quadratín).- En el estado de Hidalgo, como lo hace ya en todo el territorio nacional, el Movimiento Antorchista, encabezado por una tenaz y valiente mujer, la profesora Guadalupe Orona Urías, libra desde hace ya más de veinte años una lucha incansable en favor de los hidalguenses ubicados en la base de la pirámide económica y social de la entidad.
Como he intentado poner en claro, repitiendo incluso mi discurso, cada vez que se presenta la oportunidad, el contenido de esta lucha varía muy poco en función de lugar y tiempo por razón de su valor elemental y, por tanto, permanente: vivienda digna, servicios indispensables como agua entubada, drenaje sanitario, banquetas, pavimento, escuelas, clínicas, hospitales, casas de salud, abasto oportuno y barato de alimentos como la leche, el huevo y los granos básicos, creación de fuentes de empleo, salarios dignos para los trabajadores, correcta y justa aplicación de los programas oficiales de “ayuda a los más necesitados”, centros deportivos para los jóvenes y espacios públicos de recreo y esparcimiento para los adultos forman, siempre y en todas partes, la agenda de lucha del antorchismo nacional.
Evidentemente, no hay ninguna razón para pensar que en Hidalgo las cosas pudieran ser distintas. Por tal razón, no es mi intención desglosar aquí, y justificar punto por punto, el contenido del pliego de demandas que los antorchistas hidalguenses tienen planteado, desde hace más de dos años, ante las diferentes instancias de gobierno; baste con decir que, detalles más o menos, son las mismas que aquí he recordado sucintamente. Lo que me interesa resaltar es la actitud con que los funcionarios, responsables por ley y por sensibilidad política elemental, de atender dichas demandas, han tratado las reiteradas y respetuosas gestiones del Comité Estatal, encabezado por la profesora Orona, y las de los propios interesados, en busca de una respuesta satisfactoria.
Resulta pues que, en un primer momento, se les dijo que se estudiaría su solicitud y se les llamaría cuando se tuviera una respuesta bien informada. Nunca lo hicieron. Los solicitantes insistieron con los pocos recursos de que disponen para hacerse oír, hasta que, de muy mala gana y de más mala manera, los convocaron para “discutir” el pliego.
En esta “discusión” se consumieron otros tantos meses hasta que, convencidos los funcionarios de que no lograrían desalentar a la gente, hicieron una “propuesta”, obviamente muy recortada y mezquina que delataba, por eso, la intención oculta de que fuera rechazada. Los antorchistas, conscientes de la maniobra y sabedores de que Roma no se construyó en un día, aceptaron la oferta y se firmó la minuta respectiva.
Pero, contra lo que era lógico y decente esperar, ése no fue el fin sino el inicio de un nuevo calvario: vinieron ahora los engaños, los aplazamientos del inicio de las obras, el golpeteo a través de grupos de porros y “lumpen proletarios” que los agredieron en varias ocasiones, las modificaciones unilaterales de lo firmado y, finalmente, las amenazas y la negativa en redondo a cumplir lo pactado.
No quedó más remedio que plantarse de modo permanente frente a palacio de gobierno, lo cual ocurrió el 23 de febrero de 2009.
De inmediato comenzaron los telefonazos llenos de amenazas matizadas con “promesas de solución”, sobre los líderes principalmente. Por fin, luego de un intenso estira y afloja, el gobierno adelantó el sentido de sus principales propuestas y fechas tentativas para cumplirlas, pero la condición era que se levantara el plantón antes de formalizar el acuerdo.
Nadie se tragó el cuento; ni los líderes ni la gente obraron movidos por la confianza ingenua en la palabra oficial. Aceptaron levantar su protesta como medida eficaz para poner de realce, ante la opinión pública del estado y del país, quiénes son los verdaderos intransigentes y los culpables, por tanto, del conflicto. Para confirmarlos en su sospecha, sucedió que al mismo tiempo que se pactaba el levantamiento del plantón, el propio gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, declaraba a los medios que él no estaba para “cumplir caprichos de nadie”. Esto dejaba muy claro cuál era la verdadera intención del gobierno.
Y así ocurrió. Nada se logró, nada se concretó en las entrevistas subsecuentes. Fue el propio secretario de Gobierno quien rompió, de modo soberbio e insultante, el hilo de las negociaciones.
Este miércoles primero de abril, cuando escribo esta colaboración, los antorchistas tenían planeado realizar una protesta multitudinaria en Pachuca, aprovechando que es el día en que el gobernador Osorio Chong rendirá su cuarto informe de gobierno. No pudieron hacerlo porque, desde temprana hora, cientos de policías fuertemente armados se distribuyeron por todos los puntos del estado de donde sabían que saldrían contingentes, para impedir que la gente abordara siquiera los autobuses. Al mismo tiempo, la ciudad de Pachuca fue sitiada por la fuerza pública para impedir que salieran a las calles los antorchistas de la capital. Los inmovilizaron a punta de pistola. Dicho en pocas palabras: el gobernador Osorio Chong impidió, mediante el abuso de la fuerza pública, que los antorchistas ejercieran un derecho legítimo, tutelado por la Constitución General de la República: el derecho de libre asociación y de libre manifestación pública de las ideas. Con esto, no sólo se exhibe como enemigo abierto de la justicia social, de los intereses populares, sino también como alguien que, abusando del poder que le confirió el voto popular, viola sin pudor la Carta fundamental del país. Pero eso sí: véalo en la televisión diciendo que “juntos (¿quiénes?) construimos un mejor Hidalgo”.
El próximo 3 de mayo, con motivo de cumplir 35 años de lucha exitosa contra la pobreza y la injusticia social, nos daremos cita 130 mil antorchistas que colmaremos el Estadio Azteca. Aprovechando esa ocasión, denunciaremos allí, para que lo sepa la nación y el mundo, quiénes son los que, desde el poder, agreden al pueblo y le niegan sus derechos más elementales. Que no lo dude Osorio Chong: él ocupará un sitio de honor en esa denuncia pública. Y eso sin mermar las acciones de legítima defensa que emprenderemos, desde ahora, junto con los antorchistas de Hidalgo.