Oaxaca, Oax. 17 de enero de 2010 (Quadratín).- Últimamente las autoridades federales en la lucha al crimen organizado han mostrado una falta de coordinación en la implementación de la operación, en el mando y dirección (quien toma las decisiones, quien asume las responsabilidades en caso de errores y a quien debe sancionarse) y en el manejo serio y responsable en la comunicación social y política de los resultados de estos operativos que pudieron ser impecables y que ahora serán recordados por la muerte de inocentes que trajeron consigo.
Fallas, como filtrar en la prensa los nombres de los familiares del personal que participa en la detención de los capos de la droga, no deben volver a ocurrir, es muy importante que asuman el mando en lo subsecuente, las instituciones con más experiencia y trayectoria en este tipo de operaciones y aunque la marina tiene excelentes cuerpos de élite, el ejército posee mayor experiencia, porque ha estado más tiempo al frente en el combate al crimen organizado; o faltas como las ocurridas en el mismo operativo donde se capturó y perdió la vida, Arturo Beltrán Leyva pudieron evitarse como fue el denostar el cuerpo de un occiso que aun cuando se dedicaba a actividades ilícitas, merecía haber sido tratado con dignidad y conforme a derecho, como lo establece el código penal, porque de lo contrario al actuar con excesos, protagonismo y amarillismo, se envía un mensaje equivocado a la sociedad y se recrudece aun más la respuesta del crimen organizado, el gobierno federal le resta legalidad a la cruzada antinarco, que ha sido últimamente muy cuestionada y que cabe decir que en muchos estados si ha tenido buenos resultados, aunque en algunos municipios por falta de apoyo, interés y prioridad en la agenda legislativa de gobernadores y en la política de presidentes municipales ha sido más gris que efectiva.
Existe el inconveniente que en este tenaz combate los gobiernos de algunos estados y municipios han tomado una actitud de poco compromiso con la sociedad, para que esta lucha sea más eficaz es indispensable que se involucren realmente las autoridades locales, se cuentan con grandes obstáculos como la falta de recursos para invertir en una mayor y mejor infraestructura en materia de seguridad, pero si se tiene la voluntad, hay muchas acciones que tienen que ver con la prevención del delito y con políticas públicas de impulso al desarrollo social, combate a la pobreza, promoción de la cultura, salud y educación que están dentro de las facultades y marco jurídico de los estados impulsarlas en base al presupuesto que tienen asignado y que van a ejercer, que a la vez se pueden realizar con la participación de la sociedad civil (generando propuestas serias y claras), es otra forma de recobrar el territorio ganado por el narco al estado, es más fácil que la delincuencia se filtre y encuentre arraigo en sociedades donde la falta de oportunidades escasean, y donde los niveles de nutrición y educación son bajísimos.
No le dejemos toda la tarea al ejército, ni al gobierno federal, como en el caso de Chihuahua, concretamente Ciudad Juárez, donde el gobierno estatal tampoco ha tenido como prioridad brindar y generar más oportunidades a la población en general e incentivar la cultura de los valores.
Gobierno y sociedad (esta última en mucho menor medida) son responsables en la búsqueda y concreción de la paz, la estabilidad y seguridad que debe prevalecer en cualquier entidad federativa, no todo se resuelve mandando al ejército a las calles, en principio y por un tiempo preestablecido, tal vez si sea necesario para recuperar los espacios físicos y sociales arrebatados por la delincuencia organizada, pero a la par se deben combatir otros males sociales que aquejan a una sociedad y que también son prioridad y tienen que ver con el índice de desarrollo humano.
El reorientar una lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez incluye necesariamente reorientar la política de desarrollo social de ese estado y de otros más.