Oaxaca, Oax. 19 de mayo de 2010 (Quadratín).- Un grupo de habitantes de la sierra de Zaachila se plantó en las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para exigir la liberación de ocho comuneros detenidos cuando talaban un árbol para hacer carbón.
Tanto celo en el cumplimiento de su trabajo genera confusión y hasta molestia entre los habitantes de Santa Cruz Itundujia, en dónde la ambición del comisariado de Bienes Comunales y la extraña ineficacia de la PROFEPA facilitaron la extracción de más de 100 camiones repletos de madera de de esa comunidad catalogada como poseedora de la segunda extensión forestal más importante de todo el estado.
Apenas hace cuatro semanas fueron interceptados dos camiones con hojas de remisión apócrifas y en lugar de proceder al decomiso y la consignación de los talamontes, la PROFEPA optó por una especie de negociación cuyos resultados aún se desconocen.
En las montañas de la región de la mixteca los conflictos agrarios y políticos sirven como cortina para disimular el saqueo de los recursos maderables y en el caso de Itundujia, la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal ha facilitado la destrucción de zonas como el cerro de Yucundía que es considerada como una zona de reserva ecológica.
Flaviano Sarmiento y Cleofas Ruíz Aparicio son dos de los responsables de la explotación irracional de las casi 54 mil hectáreas de bosques que conforman el territorio de Itundujia y para evitar la acción de la justicia buscaron el respaldo de organizaciones sociales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y como pago de favores, durante la primera etapa de las precampañas utilizaron los autobuses de la comunidad para el acarreo de simpatizantes en un evento partidista.
En un exceso de impunidad y provocación, los representantes del comisariado exigieron el pago de cuatro o cinco millones de pesos como pago de sendero por el cableado tendido en la zona por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Nada de extraño tendría una acción como ésta si no fuera que, con la exigencia, los comuneros se opusieron a la puesta en operaciones de una sub-estación eléctrica en la que la CFE invirtió casi 85 millones de pesos y se programó que fuera inaugurada por el presidente Felipe Calderón.
Con la paralización de la obra la falta del fluido eléctrico suficiente afecta a comunidades como Santiago Amoltepec, Ixtayutla, San Andrés Cabecera Nueva, Santa Lucia Monte Verde, Yosondúa, Tlaxiaco y Yolomecatl entre otras.
La paciencia se agota, los pueblos se organizan y la decisión unilateral del comisariado puede originar un nuevo conflicto en la región de la mixteca, frente a la ineficacia o ausencia de las instituciones que todo permiten y nada resuelven