Oaxaca, Oax. 28 de mayo de 2010 (Quadratín).- En el país actualmente las autoridades están más preocupadas por proteger y privilegiar los intereses de las clases sociales económica y políticamente poderosas, que en salvaguardar el Estado de Derecho, la seguridad social, pública y el bienestar económico de los más necesitados y desprotegidos.
Ejemplos claros de los aspectos que están priorizando los diversos gobiernos estatales y federales han sido los ocurridos en el caso Paulette y el secuestro del abogado Diego Fernández de Cevallos.
Resulta poco serio y convincente el resultado de la investigación final ventilado a la opinión pública por la Procuraduría del Estado de México, sobre la causa que originó la muerte de la niña Paulette, el caso ya se estaba complicando más que el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ningún servidor público, que posea ética se debe prestar para poner en entredicho la confiabilidad y legitimidad de las instituciones de procuración de justicia en estos tiempos, en donde la corrupción pareciera ser una constante institucional.
La aplicación estricta de la ley debe prevalecer sobre cualquier interés político, y más tratándose de menores de edad con capacidades especiales, no pueden ser violentados de esa manera por nadie, y ese nadie incluye especialmente a sus progenitores y al Estado y sus instituciones, ¿por qué en este asunto tan lamentable, las ong’s defensoras de los derechos humanos no alzaron enérgicamente sus voces? como cuando exigieron a las autoridades del país (especialmente a la Procuraduría del Distrito Federal esclarecer las irregularidades y omisiones dentro de la averiguación previa que se abrió con motivo del deceso de Digna Ochoa, abogada veracruzana integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh).
Otro caso resulta ser, la desaparición y secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos (perpetrado por expertos criminales, tal vez ex policías), merece una crítica seria que este hecho tan reprobable socialmente, se tome como estandarte de un instituto político en un proceso electoral para capitalizarlo, cuando es todo lo contrario, evidencia la fragilidad y cuan vulnerable resulta el Estado Mexicano ante la delincuencia organizada.
Las fuerzas armadas y las secretarias de seguridad pública estatal y federal necesitan pugnar urgentemente por crear dentro de sus organigramas, un área específica de seguimiento de los militares desertores y policías que han sido dados de baja, como una forma de tratar de controlar el ingreso de los ex miembros de dichas corporaciones a las filas de la delincuencia organizada.
Por último, los gobiernos estatales y el federal deberían estar previendo y creando políticas públicas que permitan insertar a los jóvenes en la vida productiva de México, e impidan que sigan siendo cooptados por las células criminales, debido a la falta de oportunidades que nuestro país les ofrece, optan por la opción más fácil que tienen a su alcance, los trabajos informales delincuenciales que les brindan los cárteles, crean identidades y dignidades distorsionadas al ser insertados en la vida económica de una manera fácil y riesgosa que implica a la larga, necesariamente, prisión o muerte, pero en muchas ocasiones no tienen otra forma de salir de la marginación y el olvido social al que son condenados desde que nacen.