Oaxaca, Oax. 22 de agosto de 2010 (Quadratín).- En la agenda política de la próxima Legislatura y en la que desde el gobierno electo de Gabino Cué se ha empezado a trabajar, el tema de la gobernabilidad en la entidad, pero sobre todo en los municipios que eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres, seguramente ocupará un lugar destacado.
No es para menos. De los 570 municipios, 418 se rigen por este sistema, elevado a rango constitucional en 1995 y perfeccionado en 1997, luego que en las elecciones celebradas en ese mismo año de 1995 la nueva normatividad incorporada al Código Electoral evidenciara sus debilidades, especialmente en lo concerniente al registro de candidatos por la vía de los partidos políticos.
Con las reformas constitucionales de 1997, en el libro IV del CIPPEO se precisaron las características que debe reunir un municipio para ser considerado de usos y costumbres destacando el papel central de la comunidad como instancia superior en la toma de decisiones.
De igual forma se legisló para establecer los requisitos de elegibilidad, el procedimiento de elección de las autoridades y la obligación para que ni los candidatos y autoridades electas bajo este procedimiento tengan filiación partidista. Desde entonces es el órgano electoral estatal el responsable de declarar la validez de estas elecciones, expedir las constancias de mayoría y, en casos de conflicto, conciliar entre las partes.
Hoy, quince años después, con la alternancia en puerta y ante una sociedad que se ha ido transformando aceleradamente y de la que no han sido ajenas las pueblos y comunidades de Oaxaca, se hace necesario revisar y reformar la legislación en la materia, por un lado, y por el otro, las propias funciones y atribuciones delegadas en el Instituto Estatal Electoral.
Por supuesto, el propio papel del gobierno del estado en el tratamiento de los conflictos derivados de estas contiendas debe ser revisado a la luz de una relación de mayor respeto y colaboración que a nivel general deberá establecerse entre gobernantes y gobernados.
El pasado viernes 20 de agosto, al abordar el tema ante diputados coalicionistas que integrarán la LXI Legislatura, el colega Victor Leonel Martínez apuntó algunos hechos concretos que con el paso del tiempo se han constituido en factores de conflictividad de diversa magnitud e intensidad en un buen número de municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres.
Es el caso de la falta de mecanismos legales e institucionales para el acceso a la jurisdicción electoral que apunta a la necesidad de revisar todo lo concerniente a los medios de impugnación y al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, tanto a nivel individual como colectivo.
De igual forma, la ausencia en la legislación electoral vigente de mecanismos de representación política de las minorías, que casi va de la mano con la exclusión de jóvenes, migrantes, mujeres y agencias municipales en los procesos de elección de autoridades municipales.
Fenómenos como la refuncionalización de los viejos cacicazgos y la emergencia de otros, el impacto de las políticas públicas gubernamentales que, visto en positivo, ha propiciado la formación de liderazgos femeninos que empiezan propiciar reacomodos la lucha por el poder municipal, y la injerencia de los partidos políticos, constituyen factores que deben ser analizados en su justa dimensión para empezar a abrir el debate sobre un tema tan importante para el avance democrático y la gobernabilidad de Oaxaca como son las elecciones por usos y costumbres.
Hay que empezar a hacerlo y en este sentido la tribuna ad hoc para tal propósito debe ser el nuevo poder legislativo. Desde este espacio plural se debe empezar a trazar un mapa de ruta para diagnosticar el fenómeno, plantear salidas legales, políticas y administrativas para diseñar una nueva legislación y arreglo institucional en la materia que garantice el pleno respeto a los derechos individuales y colectivos y, por ende, la gobernabilidad en los 418 municipios de Oaxaca.

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