Oaxaca, Oax. 23 de agosto de 2010 (Quadratín).- La procuradora del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, sostuvo este lunes que la violencia en San Juan Copala y en la zona triqui, se convirtió en el “modus vivendi” de las organizaciones y de los líderes.
En entrevista colectiva, al término de la presentación de la revista electrónica, ASTREA, sin tapujos, dijo, “es un tema de cultura, es de hábitos de que a lo mejor se les acabaría el modo de vida, a quienes lideran a los grupos que viven ahí”, mencionó.
Pues para la solución de los conflictos existe falta de conciencia y disposición de las autoridades, de los grupos, porque no depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sino de la comunidad entablar la paz, aseguró.
Y es que lamentó que cuando en los hechos violentos no hay testigos se dificulta las investigaciones, sin embargo la instancia trata de seguir con el proceso y encontrar los culpables.
La falta de disponibilidad de los testigos se muestra en el caso de Timoteo y Cleriberta que fueron asesinados en su domicilio, pues hay personas que presenciaron el hecho, su propio hijo, sus vecinos, pero que no han acudido, se quejó.
Se suma el caso de Anastacio Juárez, agente constitucional, que lo mataron en la puerta de su casa y no hay quien presente las denuncias ni los señalamientos.
“Tanto cuando es un grupo o de otro sucede lo mismo. Puede ser que sea parte de su estrategia de estar siempre atacando” sostuvo la procuradora.
Agregó que de la instancia no ha quedado el estar instando y que colaboren con la justicia..
“Ellos mismos dicen que hay impunidad, que no se ha avanzado, pero cuando son citados oficial o extraoficialmente no acuden”.
Abundó que “no sé cuál sea el juego que ellos tienen pero esto lo dejo muy claro, la Procuraduría ha intervenido en el momento inmediato con todo su grupo de ministerios públicos, de peritos, de policías, ha llegado al lugar del crimen, toma entrevistas, realiza las diligencias básicas para integrar el cuerpo del delito”.
Reconoció que en la región una buena parte de su población está armada, por eso dijo que “es obvio que deben entrar las autoridades federales, por lo menos la Procuraduría General de la República (PGR)”.
En cuanto a la posible llegada de la familia del finlandés asesinado en inmediaciones de San Juan Copala Jyri Jaakkola a Oaxaca y a la Mixteca sostuvo que no tienen el llamado a atenderlos, ni una solicitud formal para su seguridad en caso de entrar a la zona.