Oaxaca, Oax. 26 de agosto 2010 (Quadratín).- Francisco Javier Salas González, originario del estado de Jalisco, responsabilizó este jueves al mandatario Ulises Ruiz Ortiz de la detención ilegal y actos de tortura de que fue objeto el pasado 25 de julio, luego de que este le gritara “asesino” en el marco de las festividades de la Guelaguetza.
Denunció que el sequito de policías civiles que acompañaban al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, comenzaron a golpearlo y a insultarlo, por lo que fue retirado del estadio de futbol “Benito Juárez” a golpes, mientras otros de sus compañeros fueron auxiliados por gente que ahí se encontraba.
En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y en compañía del asesor jurídico de dicha organización, Isaac Torres Carmona, el estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sostuvo que durante su detención en el cuartel general de la Policía Preventiva Estatal, ubicado en San Bartolo Coyotepec, fue golpeado en tres ocasiones.
Dijo que “inmediatamente comenzaron las amenazas diciéndome, qué te crees hijo de la chingada. Dónde crees que estás o por qué estás gritando. Ya te cargó la chingada, entre otras amenazas que me hicieron. A mí me retiró del lugar la gente que lo acompaña a él (gobernador Ulises Ruiz Ortiz)”.
Al respecto, Torres Carmona informó que fue presentada una queja ante la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), así como un amparo de protección de la justicia federal, quedando registrado bajo el expediente 940/2010, por la incomunicación y actos de tortura.
Detalló que Salas González fue puesto a disposición de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) luego de permanecer 19 horas incomunicado, donde pretendían -con intimidaciones-, que se declarará adicto a la cocaína, por lo que le “sembraron” 300 miligramos de clorhidrato de cocaína.
Ante ello, la Limeddh emitió una recomendación al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, así como las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez.
Asimismo, pidió la desaparición de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, ya que dicha dependencia sólo ha servido para criminalizar la protesta social y a los líderes sociales vincularlos con delitos relacionados al consumo de drogas.
Por último, el organismo solicitó a las instancias de procurar e impartir justicia la cancelación inmediata del proceso penal número 102/2010, mesa par, del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, y la devolución de los 6 mil pesos, que le fueron impuestos como fianza para que el estudiante de Sociología pudiera enfrentar el proceso en libertad.
A la CDDHO le exigió que investigue los hechos para que determine las violaciones a los derechos humanos correspondientes y declinar por razón de competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la queja presentada.